Por Tobías Fava y Pedro Lujambio
La crisis universitaria en Argentina se intensificó debido a la falta de actualización del presupuesto para las universidades públicas. En el país hay 115 unidades de educación superior, de las cuales 63 son públicas y concentran el 80% de los 2,5 millones de estudiantes universitarios. El recorte presupuestario obligó a las instituciones a implementar medidas de austeridad severas, como la reducción en el uso de servicios básicos (calefacción y electricidad), y la limitación de proyectos de investigación y extensión, afectando directamente la calidad educativa. “Por supuesto que esto afecta al deporte, ya que es un complemento a la actividad académica y se sostiene con lo que surge del presupuesto universitario”, explicó Mariano Caprarelli, coordinador general de actividades deportivas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La UBA, siendo la universidad más grande del país, está entre las más afectadas y a principios de año no tenía la certeza de poder abrir más allá del primer semestre. Esta situación desembocó en protestas y movilizaciones por parte de estudiantes y rectores de universidades públicas, quienes exigen al gobierno de Javier Milei que tome medidas para garantizar el financiamiento adecuado.
La crisis también ha generado un fuerte debate político, con funcionarios académicos que critican las políticas del gobierno, señalando que la falta de inversión en educación superior pone en riesgo la formación de profesionales. Asimismo, se aprobó la “Ley de financiamiento universitario”, que propone garantizar los fondos necesarios para su funcionamiento, pero será vetada por el Presidente de la Nación, de acuerdo a lo que anunció en reiteradas oportunidades. Como respuesta, el 2 de octubre habrá una Marcha Federal Universitaria en la Plaza del Congreso —la segunda del año— que, según Caprarelli, “tiene que servir para visibilizar nuevamente la emergencia en la que está la educación pública”.
La falta de presupuesto no sólo amenaza al sistema educativo en lo académico, sino también a los deportistas que dependen de las universidades públicas para su formación y entrenamiento y a los miembros de la comunidad universitaria cuyo único acceso al deporte es a través de estas instituciones.
Juan Loiseau, director de deportes de la Universidad de Lanús, explicó que, en el caso de la casa de estudios del sur del Conurbano, el deporte es percibido como algo indispensable: “Concebimos al deporte y a la actividad física como un derecho, son elementos esenciales para la formación integral de las personas”. Sin embargo, señaló que “no han podido proyectar ningún tipo de ampliación” con el presupuesto actual: “Nos hemos bajado de participaciones de eventos en los que en otro momento hubiésemos participado debido a los costos, y tampoco pudimos renovar indumentaria y material deportivo. Por otro lado, tenemos un playón polideportivo de 3000 metros cuadrados que tenemos que refaccionar porque se ha deteriorado, pero es imposible hacerlo ahora. El presupuesto es muy acotado”.
Caprarelli también destacó la importancia del deporte para la universidad, pero expresó que el bajo presupuesto lleva a que más personas se vean imposibilitadas de practicarlo: “La práctica deportiva es parte fundamental en la formación de los futuros profesionales universitarios. Hoy el presupuesto está atrasadísimo, tenemos salarios por debajo de la línea de pobreza que han perdido hasta un 40% de su poder adquisitivo. Esto afecta, entonces, al deporte; ya que se traduce en estudiantes y trabajadores sin recursos tanto para estudiar y viajar como para hacer deporte”. Por último, agregó: “Estamos en una situación difícil como hace tiempo no veíamos”.
