Por Juana Enrico
En 1979, Buenos Aires amaneció empapelada con una afirmación tan breve como autoritaria: “Los argentinos somos derechos y humanos”. Un lema diseñado desde el Estado. La dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla había decidido responder con hipocresía lo que se denunciaba con nombres propios.
El 6 de septiembre llegó a Buenos Aires una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parte de la Organización de los Estados Americanos. Durante dos semanas escuchó cinco mil quinientas ochenta denuncias formales de desapariciones, secuestros, y apropiaciones. Cada persona que cruzaba esa puerta traía una historia peor. La ausencia se volvió expediente; el archivo creció con una persistencia silenciosa, casi administrativa. Mientras tanto, la ciudad seguía su ritmo.
Ese ritmo tenía su propia banda sonora tipográfica: la calcomanía oficial multiplicándose. Reorganizar un reclamo en autobombo no era exclusivo de 1979. Joseph Goebbels, responsable de la propaganda del Tercer Reich, había desarrollado técnicas similares para mantener la ilusión del triunfo: durante la Primera Guerra Mundial proyectaba en cines escenas inventadas de victorias alemanas. Décadas antes de que la propaganda se repitiera durante la guerra de Malvinas, Argentina aplicaba a escala local y con fines distintos la misma lógica: la consigna “Los argentinos somos derechos y humanos” convertía un reclamo de protección en aplauso nacional.
El deporte funcionó también como pantalla. Mientras los ojos de la gente se fijaban en estadios y ceremonias (los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, el Mundial 78 en Argentina) se naturalizaban las atrocidades que se consumaban tras los muros: interrogatorios, desapariciones, silencios impuestos. La celebración del Mundial, con la transmisión que recorría el planeta, funcionó como demostración de orden y normalidad, mientras a menos de un kilómetro la ESMA operaba como centro de detención clandestino. La operación no cambiaba los hechos; cambiaba la manera en que se percibían.
Cuando la comisión publicó su informe en 1980, describió violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos fundamentales. El gobierno de facto rechazó el documento y habló de una “campaña antiargentina”. La frase de las calcomanías ya había hecho su trabajo.
Hay algo particularmente elocuente en esa inversión mínima de palabras. No era un juego literario: era propaganda. Cambiar el orden altera el sentido; lo que debía proteger a los individuos frente al poder se convierte en autoelogio. La identidad absorbe la crítica. La consigna no necesitaba gritar: operaba con tersura calculada. Porque el terror, cuando busca legitimarse, no siempre apela al estruendo: a veces elige la sintaxis.
Las palabras no son inocentes. Tampoco son neutrales. En 1979, bastó invertir la secuencia de dos términos para intentar torcer el relato de una época. La historia, sin embargo, terminó por colocarlos en su sitio y mostrar la verdad que la manipulación buscaba ocultar.
