Por Lisandro Torres Pagani, Katrina Botta y Agustín González
Los clubes de barrio cumplen una función que excede lo deportivo: son espacios de encuentro, recreación y actividades comunitarias. Sin embargo, muchas instituciones atraviesan dificultades económicas y administrativas para sostener gastos de funcionamiento, mantenimiento, infraestructura y equipamiento. En este contexto, durante 2026 se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto impulsado, entre otros legisladores, por Natalia Zaracho para fortalecer el Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo.
La iniciativa se vincula con la Ley 27.098, que creó el Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo. La norma contempla a instituciones sin fines de lucro dedicadas principalmente al deporte amateur y reconoce también su función educativa, cultural y comunitaria.
La iniciativa fue presentada inicialmente en julio de 2026 como expediente 3382-D-2026, con Zaracho entre sus firmantes, pero posteriormente fue retirada. Al día siguiente se presentó el expediente 3386-D-2026, de contenido y título coincidentes, nuevamente con Zaracho como autora. El proyecto propone modificar las leyes 27.098, 27.211 y 27.346.
El eje de la propuesta es la creación de una prestación económica mensual denominada Tarjeta Club, destinada a cubrir gastos de funcionamiento, mantenimiento, infraestructura, equipamiento y otras necesidades relacionadas con las actividades deportivas y comunitarias.
La principal fuente de financiamiento serían los impuestos aplicados a las apuestas deportivas online. El proyecto plantea una alícuota del 10% sobre el dinero neto depositado por los apostadores, con modificaciones según determinadas condiciones de las empresas y sus inversiones en Argentina.
Todos los clubes recibirían automáticamente la misma cantidad. El organismo encargado del área deportiva establecería criterios de distribución teniendo en cuenta factores como el tamaño de la institución, su situación económica y social, su ubicación y sus necesidades. La intención sería adaptar la ayuda a las distintas realidades de cada club.
La propuesta se diferencia de un subsidio tradicional porque busca crear una prestación mensual con un mecanismo de financiamiento específico y criterios de distribución. Además, se plantea establecer controles para comprobar que los fondos sean utilizados efectivamente en los clubes y en las finalidades previstas.
Para acceder al registro, los clubes deben cumplir determinados requisitos: tener personería jurídica vigente que les permita actuar como sujetos de derecho y adquirir obligaciones en nombre propio, tener un domicilio legal en Argentina y contar con una antigüedad mínima de tres años y entre 50 y 2.000 asociados.
Pedro Villarreal, presidente de la Unión de Clubes de Barrio, destaca la importancia de aquellas instituciones que no cuentan con personería jurídica y quiere que puedan ser reconocidas como tales. A raíz de la quita de subsidios y el desfinanciamiento durante el gobierno de Javier Milei, Villarreal se ha manifestado en múltiples ocasiones para visibilizar las dificultades que atraviesan los clubes en el día a día por este motivo.
“Hoy tenemos miles de clubes que hacen un trabajo enorme en los barrios, pero que no pueden acceder a la personería jurídica porque el sistema les exige una cantidad de trámites, tiempo y recursos que muchas veces no tienen. Y se termina dando una paradoja: los clubes que más necesitan el acompañamiento del Estado son muchas veces los que quedan afuera de los programas justamente por no tener los papeles en regla. Por eso creemos que hay que simplificar y facilitar el acceso a la personería jurídica”, cuenta el presidente en diálogo con El Equipo.
Pedro Villarreal insiste en la importancia de cumplir con esta ley. “Lo que necesitamos es que se cumpla y se fortalezca la Ley 27.098, que haya una tarifa acorde al rol social de los clubes, programas de financiamiento e infraestructura y, fundamentalmente, que el Estado facilite la regularización de las instituciones. No podemos pedirle a un club de barrio que funcione con el esfuerzo de sus vecinos y que tenga la misma estructura administrativa que una gran institución”.
En 2026 también existieron dificultades relacionadas con el reempadronamiento y el acceso a beneficios. Una disposición oficial extendió los plazos debido a que no se había completado la inscripción de todas las instituciones que podían estar alcanzadas por el régimen. Esto muestra que, además del problema económico, los clubes enfrentan dificultades administrativas para acceder a determinadas políticas estatales.
Las dificultades económicas de los clubes también se reflejan en el funcionamiento cotidiano de las ligas amateurs. Gastón Rey, vinculado al ámbito de estas instituciones, describe un escenario en el que los ingresos muchas veces no alcanzan para cubrir los gastos. El traslado de los equipos, la ambulancia, la policía y los árbitros representan costos que deben afrontarse para garantizar la participación y el desarrollo de las competencias, en un contexto social desfavorable.
En ese escenario, la cuota social no siempre alcanza para sostener las actividades. Rey explica que el valor puede ser de $4.000 por persona, pero muchas familias no llegan a pagarlo o deben priorizar otras deudas y necesidades. Frente a esa realidad, las instituciones suelen permitir que los chicos continúen participando, incluso cuando acumulan meses de deuda. La decisión responde a una función que va más allá de lo económico: evitar que las dificultades familiares impidan que los chicos sigan participando de las actividades del club.
En algunos casos, estos espacios representan mucho más que un lugar para practicar deporte. Según Rey, hay chicos que encuentran ahí su única comida del día y un ámbito que les permite alejarse, al menos por unas horas, de las dificultades que atraviesan. Por eso, sostener las actividades también significa ofrecer contención, generar vínculos y brindar oportunidades en contextos complejos.
Para cubrir los gastos que no pueden afrontar con los ingresos habituales, los clubes recurren a rifas, eventos solidarios y otras actividades para recaudar fondos. El dinero se destina a viajes, mejoras en los vestuarios, compra de indumentaria y trofeos, además de permitir que distintas disciplinas puedan seguir compitiendo. Quizá no pasa tanto con el fútbol, pero sí en actividades como danza, patín y básquet. La colaboración de las familias y de la comunidad resulta fundamental. Cuando un chico atraviesa una situación particular, también suelen organizarse para ayudarlo con los recursos disponibles.
El impacto de un eventual cierre o de la reducción de las actividades no sería únicamente deportivo. Para Rey, significaría dejar a muchos chicos sin un espacio de acompañamiento y sin la posibilidad de imaginar otras alternativas para su futuro. Su reflexión resume el alcance social de estas instituciones: “Un pibe en el club es un pibe menos en la calle”.
La relación entre apuestas deportivas y financiamiento del deporte tampoco sería completamente nueva en Argentina. Existe un antecedente histórico: el PRODE, creado por la Ley 19.336 durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse, en 1971, e impulsado por el ministro de Bienestar Social Francisco Manrique.
El PRODE buscaba legalizar los pronósticos deportivos y destinar parte de los recursos al deporte. La primera jugada se realizó el 27 de febrero de 1972, con un valor de $1 por apuesta, y consistía en pronosticar los resultados de partidos de fútbol, generalmente 13 encuentros.
La distribución establecida por la ley era la siguiente: 37% para premios, 12% para comisiones de los agentes, 7% para gastos de explotación, 7% para el fútbol argentino, 1% para las ligas del interior y 1% para Futbolistas Argentinos Agremiados.
Después de distintas suspensiones y regresos, incluido uno en 2001, el PRODE perdió rentabilidad y terminó definitivamente el 2 de febrero de 2018, tras la disolución de Lotería Nacional.
El antecedente permite observar que la legislación argentina ya había vinculado las apuestas deportivas con el financiamiento de entidades relacionadas con el deporte. La diferencia es que el PRODE era un sistema estatal de pronósticos deportivos que distribuía parte de su recaudación mediante porcentajes fijados por ley, mientras que la propuesta de 2026 busca utilizar recursos obtenidos mediante impuestos a las apuestas online para financiar directamente una prestación destinada a los clubes de barrio.
Así, la discusión actual combina dos problemas: la necesidad de generar recursos para instituciones que cumplen una función deportiva y social y la búsqueda de mecanismos para que esos recursos lleguen a los clubes y sean utilizados de manera controlada. La propuesta de Zaracho retoma un vínculo que tiene antecedentes históricos en Argentina, pero lo adapta al escenario actual de las apuestas deportivas online y las necesidades económicas de los clubes de barrio.
