Por Federico Pineda
La última reunión que llevó a cabo la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), junto a todos sus miembros, dejó pocas certezas del futuro que tendrá el fútbol en los próximos meses durante la pandemia por el coronavirus. Con casi todos los torneos suspendidos, uno de los países miembro empezó a dar el debate que se viene en todos los equipos: los sueldos de los jugadores.
El Barcelona fue uno de los primeros que llegó a un acuerdo con sus futbolistas para bajar su salario en un 70 por ciento más un 2% adicional para que todos los empleados del club puedan cobrar su salario de forma íntegra, mientras sigan en vigencia los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) impulsados por el gobierno español para evitar que recaiga toda la presión presupuestaria sobre las instituciones.
Este decreto, publicado en marzo pasado, obliga a que los clubes de primera y segunda división deban presentar un informe, que acredite la pérdida de la actividad futbolística en sus instituciones y con ello la menor recaudación que ostentan mes a mes, para poder entrar al programa estatal bajo “causa de fuerza mayor”. Allí podrán elegir entre la suspensión de los contratos de sus trabajadores, sean o no deportistas, o la reducción temporal de la jornada laboral de entre un 30 a un 70 por ciento. En el primer escenario, el contrato sigue en vigor, pero se iguala su posición con la de un desempleado y son merecedores de la prestación por desempleo por un máximo de 1411.83 euros mensuales si tienen a cargo dos hijos o más.
Al igual que la primera opción, la segunda mantiene el contrato en actividad con una reducción proporcional del salario durante el periodo de adopción de la medida. Si una persona cobra mensualmente 30.000 euros y tiene un recorte del 70% de sus haberes, cobrará 9.000 de la misma moneda. El resto de la jornada se cobrará de un proporcional que se calcule con la prestación por desempleo. En este caso, el 70 por ciento de 1411.83 es 988.28 euros. Una cifra irrisoria para los valores que maneja el fútbol en la actualidad y más si se tiene en cuenta que Barcelona se ahorrará 21 millones de euros con la baja de los salarios pactada.
Tanto el equipo blaugrana, como el Espanyol y el Alavés se han acogido a estos regímenes hasta que finalice el estado de alarma que hizo oficial España el último 14 de marzo y que se extendió hasta fines de este mes por la pandemia del Covid-19 que ya tiene más de 14 mil muertes en ese país.
El Espanyol de Barcelona aplicó el ERTE sobre el plantel deportivo del club, desde los juveniles a los planteles profesionales de fútbol masculino y femenino. Mientras que el Alavés lo amplió al baloncesto, el Baskonia, perteneciente al mismo grupo empresario.
También pidieron ser acogidos en el programa el Atlético de Madrid -que acordó con su plantel profesional una rebaja del 70% en los sueldos- junto a equipos de la Segunda división como el Ponferradina, el Racing de Santander, Las Palmas y Zaragoza.
En un principio, hubo malestar de muchos clubes porque los ERTE iban a ser solo hasta el fin del estado de alarma y no hasta que vuelva el fútbol, pero se decidió una prórroga por razones económicas. Habrá mayores requisitos y los clubes deberán dar cuenta de la solvencia económica para hacer frente a los sueldos.
Sin embargo, algunos jugadores no comparten la visión de las instituciones y Edgar Méndez, jugador del Alavés, declaró en la televisión mexicana que ellos no podían aceptar las condiciones que planteaban los dirigentes: “Nos quieren quitar el 28% del sueldo anual pase lo que pase. Eso no ocurre en otros clubes”. El jugador tuvo una multa económica por hablar sin el consentimiento del club.
En relación a esto, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) apoya la idea que todos los clubes lleguen a un acuerdo con sus respectivos futbolistas como hizo el Betis, pero en ninguna reunión se llegó a un arreglo con La Liga, a la que acusan de pregonar una economía saneada en los balances de los clubes pero que apoya los ERTE. La Liga aconsejó a los clubes para que los empleen con el objetivo de disminuir al máximo pérdidas que pueden llegar a los 957 millones de euros si no se reanuda la temporada.
